Sucre, 4 de septiembre de 2023 (AJN).- Como consecuencia de un trabajo coordinado, se instalaron en forma simultánea en cada ciudad capital del país, las nueve Comisiones Departamentales de Coordinación y Cooperación Institucional, entre las finalidades de este espacio de coordinación, se pretende generar a partir de las realidades de cada departamento, políticas institucionales de prevención y seguimiento, en la etapa procesal y de ejecución, de delitos sensibles como feminicidio, infanticidio violencia hacia niños, niñas, adolescentes, mujeres, etc.
Estas comisiones surgen a raíz de la suscripción del Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional suscrito en fecha 5 de diciembre de 2022 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI), Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Municipales y la Federación de Asociación de Municipalidades de Bolivia (FAM), instituciones que el mes de agosto establecieron la Directiva Nacional para coordinar el trabajo en todo el país.
La Presidencia de la Comisión Nacional recayó en el Presidente del TSJ, Dr. Ricardo Torres Echalar, quien fue el encargado de inaugurar por primera vez la instalación de las Comisiones Departamentales de manera virtual.
La máxima autoridad del Órgano Judicial, aseguró que este trabajo conjunto permitirá prevenir de manera frontal la revictimización y la demora de una respuesta judicial en casos sobre violencia desde cada institución y de manera mancomunada, “como operadores de justicia, como sistema de administración de justicia no podemos actuar con indiferencia ante estos delitos y por eso asumimos este trabajo conjunto para que conforme a las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, asumir estas responsabilidades”.
El Presidente del TSJ, señaló que como Órgano Judicial y Sistema de Justicia se enfrentó la refuncionalización que permitió la creación de nuevos juzgados como aquellos especializados en razón de género, además, se crearon 42 ítems, como esfuerzo propio entre los cuales también se consideran nuevos juzgados, otra tarea que debe destacarse es la consolidación de la construcción de cámaras Gesell que permitirá evitar la revictimización de víctimas de violencia en capitales y provincias.
“Estas comisiones de trabajo son una simbiosis al trabajo que se hace junto al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los municipios y el Ministerio de Justicia, esto nos permitirá determinar nexos, puentes para trabajar de manera coordinada para que los derechos sean respetados tanto en capitales como en regiones más pequeñas donde exista la capacidad y el respaldo para hacer respetar estos derechos, este es el propósito y estamos comprometidos con este fin”, mencionó.
Asimismo, el Defensor del Pueblo durante su intervención afirmó que instalar estas comisiones permitirá otorgar respuestas que exige la sociedad de manera institucional, lo que pretendemos es establecer entre todas las instituciones una respuesta interinstitucional que genere mecanismos de prevención, pero también mecanismos que garanticen la tramitación de los casos, contra temas de violencia, feminicidio e infanticidio. En estos casos dar una respuesta institucional a la sociedad”, afirmó el Dr. Pedro Francisco Callisaya Aro.
“Al instalarse las comisiones de trabajo en cada departamento podremos conocer datos en casos concretos en cada región que nos permitan asumir políticas y acciones conjuntas que generen resultados oportunos para las víctimas de estos casos», concluyó el Defensor del Pueblo.
El objetivo principal del Convenio suscrito establece que las instituciones que son parte del mismo, generen mecanismos institucionales efectivos, destinados a implementar políticas públicas de prevención, así como generar mecanismos, eficientes, eficaces y oportunos, que garanticen la tramitación de los casos de Violencia Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes que tengan sentencia y delitos de Feminicidio e Infanticidio, que se tramitan ante estrados judiciales, a objeto de dar estricto cumplimiento al ordenamiento legal vigente a nivel nacional, además de gestionar acciones reales con los municipios para generar mayor acceso a justicia.
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