El Observatorio Defensorial Judicial, nace con la finalidad de generar un mecanismo efectivo de revisión, análisis, seguimiento, monitoreo y control de la tramitación de los procesos penales en los delitos de Feminicidio, Infanticidio y Violencia sexual en contra de Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes (INNA) y mujeres, así como los delitos cometidos por adolescentes con Responsabilidad Penal.
En respuesta a la suscripción del Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia, presidido en ese entonces por el Dr. Ricardo Torres Echalar y el Defensor del Pueblo presidido por el Dr. Pedro Francisco Callisaya Aro , en fecha 07 de noviembre de 2022, se creó el Observatorio Defensorial Judicial en ambas instituciones, funcionando bajo la coordinación operativa de Equipos Técnicos conformados por representantes designados por el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
La Inauguración de la primera oficina, se dió en fecha 26 de enero de 2023, en instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre, y la segunda oficina en la ciudad de La Paz, en fecha 07 de marzo de 2023, en instalaciones de la Defensoría del Pueblo.
El Observatorio Defensorial Judicial, a partir de la gestión 2025, está liderado por el Dr. Romer Saucedo Gómez, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, tras ser designado por Sala Plena, conformada por los nuevos Magistrados Electos, manteniendo su misión de vigilar la administración de justicia y proteger a los sectores vulnerables del país, operando bajo la nueva estructura institucional y los objetivos de transparencia establecidos en la presente gestión judicial, con la implementación, monitoreo y provisión de información estadística del Observatorio Defensorial Judicial Consecuentemente, el Observatorio Defensorial Judicial, a través de los Instructivos emitidos por Presidencia, enfatiza la priorización, implementación, monitoreo y provisión de información estadística de los procesos penales referidos precedentemente.
MISIÓN
Gestionar acciones para la priorización y pronta tramitación de los procesos penales en los delitos de feminicidio, infanticidio, violencia sexual en contra de Infante, Niño, Niña o Adolescente (I.N.N.A.) y mujeres, así como los delitos cometidos por adolescentes con responsabilidad penal, basados en el seguimiento, revisión, análisis, monitoreo y control de los procesos penales de estos delitos.
VISIÓN
Constituirse en una instancia de referencia de análisis, reflexión y seguimiento de procesos penales de feminicidio, infanticidio y violencia sexual en contra de Infante, Niño, Niña o Adolescente (I.N.N.A.) y mujeres, así como los delitos cometidos por adolescentes con responsabilidad penal, para el fortalecimiento del sistema de justicia y el acceso pronto y efectivo de la misma. Así mismo «Evaluar la incidencia de las políticas públicas en la prevención y el combate de los delitos mencionados”.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS PENALES DE FEMINICIDIO E INFANTICIDIO
En este espacio se reportará los Procesos de Feminicidio e Infanticidio a nivel nacional, así mismo el estado procesal de cada uno de ellos en los juzgados a nivel nacional, los mismos se actualizarán de forma periódica a través de reportes con cortes temporales.
FEMINICIDIOS E INFANTICIDIOS GESTIÓN 2026
El presente gráfico brinda una visión integral de los casos de feminicidio e infanticidio registrados en nuestro país durante la actual gestión, elaborado por el Observatorio de la Defensoría Judicial. Mediante una representación territorial y estadística, se exponen la cantidad de procesos, víctimas y denuncias, así como aquellos casos en los que no se ha identificado al autor o autores del hecho. Asimismo, se presenta la distribución de los casos por departamento y las principales causas de muerte. Esta información permite dimensionar la magnitud de estos delitos, identificar patrones relevantes y contribuir al análisis de la violencia de género y contra la niñez en el país.
FEMINICIDIOS E INFANTICIDIOS GESTIÓN 2025
En la gestión 2025, el Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, consolidó el registro de 110 procesos penales por los delitos de Feminicidio e Infanticidio, evidenciándose una ligera disminución cuantitativa en relación con la gestión 2024. Del total de procesos monitoreados, el 74% correspondió al delito de Feminicidio (81 casos), en tanto que el 26% se vinculó al delito de Infanticidio (29 casos). El análisis territorial permitió ratificar la persistencia de una zona crítica en el eje central del país, donde los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, concentran de manera conjunta, el 77% de la actividad jurisdiccional nacional en torno a estos ilícitos penales.
En lo que respecta al delito de Feminicidio, conforme a su tipificación prevista en el Artículo 252 bis del Código Penal, el Departamento de La Paz registró la mayor incidencia con 31 procesos (38% de la categoría), seguido por Santa Cruz con 17 casos (21%) y Cochabamba con 13 (16%). En un rango de menor incidencia se situaron Potosí (10%), Oruro (7%), Tarija (4%), Chuquisaca (2%) y Beni (1%), mientras que el departamento de Pando no reportó causas. Asimismo, el análisis de la distribución mensual evidenció que el mayor nivel de conflictividad se concentró en el mes de junio, con la apertura de 11 procesos.
En relación con los procesos penales por Infanticidio, tipificados en el Artículo 258 del Código Penal, se evidenció un desplazamiento de la mayor incidencia hacia el departamento de Cochabamba, el cual encabezó la estadística con 9 casos (31% del total), seguido por los departamentos de La Paz y Santa Cruz, que registraron 7 casos cada uno (24%, respectivamente). La distribución restante se concentró en Potosí (3 casos), Oruro (2 casos) y Chuquisaca (1 caso), destacándose que, durante dicha gestión, los Departamentos de Tarija, Beni y Pando no registraron causas por este tipo penal. De igual forma, se constató que la mayor intensidad en la radicación de estos procesos se concentró en el último trimestre de la gestión. La sistematización de la información, producto del monitoreo técnico y permanente del Observatorio, permitió identificar la existencia de disparidades geográficas en la comisión de estos delitos, así como la necesidad de optimizar la respuesta jurisdiccional en las regiones de mayor incidencia. En ese marco, el presente reporte se constituyó en una herramienta oficial de seguimiento y fiscalización de la celeridad procesal y del cumplimiento del principio de debida diligencia en los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, con el propósito de garantizar que la administración de justicia responda con rigor técnico y proporcionalidad frente a la gravedad de los hechos registrados.
FEMINICIDIOS E INFANTICIDIOS GESTIÓN 2024
Durante la gestión 2024, el Observatorio Defensorial Judicial del Tribunal Supremo de Justicia registró 122 procesos penales por feminicidio e infanticidio en Bolivia, de los cuales 84 corresponden a feminicidios (69%) y 38 a infanticidios (31%). Los datos muestran que la problemática tiene mayor concentración en los departamentos del eje central: La Paz con 41 casos (34% del total), Santa Cruz con 24 (20%) y Cochabamba con 21 (17%), que juntos representan casi el 71% de los hechos reportados en el país.
En el caso de los feminicidios, La Paz encabeza con 23 procesos (27% del total de feminicidios), seguida de Cochabamba con 18 (21%) y Santa Cruz con 15 (18%). Oruro y Tarija reportan cada uno 8 casos (10% respectivamente), Potosí 7 (8%) y Beni 2 (2%), mientras que en Pando no se registraron feminicidios. En los infanticidios, la situación más crítica también se concentra en La Paz, con 19 de los 38 casos (50%), seguida de Santa Cruz con 6 (16%), Cochabamba, Chuquisaca y Potosí con 3 cada uno (8%), Oruro con 2 (5%) y Tarija con 1 (3%). Estos datos reflejan que La Paz es el departamento más afectado, concentrando por sí solo un tercio de todos los procesos registrados en el país. Asimismo, los tres departamentos del eje central suman más de dos tercios de los casos, lo que confirma que la violencia extrema contra mujeres y niños/as tiene un impacto diferenciado según el territorio. La persistencia de estas cifras evidencian la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección en las regiones más afectadas.
FEMINICIDIOS E INFANTICIDIOS GESTIÓN 2023
En 2022, Bolivia concluyó el año con un preocupante balance de 94 feminicidios y 38 infanticidios, situando a La Paz como el departamento con la cifra más elevada en ambos delitos: 37 feminicidios y 17 infanticidios, seguido de Santa Cruz con 22 feminicidios y 6 infanticidios, y Cochabamba con 12 feminicidios. Este panorama evidencia la problemática persistente de la violencia hacia las mujeres y los menores en el país, desafiando las legislaciones y esfuerzos preventivos actuales.
Al contrastar estos datos con los de 2023, que reportaron 81 feminicidios y 25 infanticidios, se percibe una tendencia a la baja en la comisión de estos delitos. No obstante, la continuidad de estos actos violentos subraya la imperiosa necesidad de intensificar las estrategias de protección y prevención. La comparación año tras año, destaca la urgencia de enfrentar las causas profundamente arraigadas en la cultura y estructura social que perpetúan la violencia hacia las mujeres y niños en Bolivia.
El presente gráfico de distribución territorial de los delitos de Feminicidio e Infanticidio y de tendencia estadística temporal, representa el resultado de los informes remitidos por las autoridades jurisdiccionales; pero además, emerge de las visitas in situ efectuados por los funcionarios de esta repartición; trabajos que no sólo se enfocan al mero conocimiento y comportamiento cuantitativo de los procesos penales en delitos de Feminicidio e Infanticidio; sino que, a partir del nuestras funciones de monitoreo y seguimiento, exista la necesidad de generar gestiones de una celeridad procesal en las instancias jurisdiccionales, previa supervisión y verificación de los plazos procesales en las diferentes etapas del proceso, garantizando de esa manera, la efectiva aplicación de los principios que sustentan al Órgano judicial; pero tambien, para promover los principios y valores constitucionales, como el debido proceso, en sus diferentes vertientes; además, de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.