El Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal, nace con la finalidad de generar un mecanismo efectivo de seguimiento, monitoreo y control de la tramitación de los procesos penales en delitos de Feminicidio, Infanticidio y violencia sexual en contra de Niñas Niños y Adolescentes, mujeres y adolescentes con Responsabilidad Penal.
Como resultado de la suscripción del Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por el Dr. Ricardo Torres Echalar y el Defensor del Pueblo presidido por el Dr. Pedro Francisco Callisaya Aro , en fecha 07 de noviembre de 2022, se crea el Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal en ambas instituciones, que funcionará bajo la coordinación operativa de equipos técnicos conformados por representantes designados por el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
Inaugurándose la primera oficina en instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre, en fecha 26 de enero de 2023 y la segunda oficina en la ciudad de La Paz en instalaciones de la Defensoría del Pueblo en fecha 07 de marzo de 2023.
En el marco del trabajo de coordinación y cooperación con la Fiscalía General del Estado, se fortaleció la participación de esta institución mediante la firma de una Adenda de Adhesión al Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal, suscrita el 11 de julio de 2023.
MISIÓN
Gestionar acciones para la priorización y pronta tramitación de los procesos penales de delitos de feminicidio, infanticidio y violencia sexual en contra NNA y mujeres, así como los delitos cometidos por adolescentes con responsabilidad penal, basados en el análisis y seguimiento de los procesos penales de estos delitos.
VISIÓN
Constituirse en una instancia de referencia de análisis, reflexión y seguimiento de procesos penales de feminicidio, infanticidio y violencia sexual en contra NNA, así como los delitos cometidos por adolescentes con responsabilidad penal, para el fortalecimiento del sistema de justicia y el acceso pronto y efectivo de la misma y la evaluación e incidencia de las políticas públicas de prevención y lucha contra estos delitos.
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS PENALES DE FEMINICIDIO E INFANTICIDIO
En este espacio se reportará los Procesos de Feminicidio e Infanticidio a nivel nacional, así mismo el estado procesal de cada uno de ellos en los juzgados a nivel nacional, los mismos se actualizarán de forma periódica a través de reportes con cortes temporales.
FEMINICIDIOS E INFANTICIDIOS GESTIÓN 2024
FEMINICIDIOS E INFANTICIDIOS GESTIÓN 2023
En 2022, Bolivia concluyó el año con un preocupante balance de 94 feminicidios y 38 infanticidios, situando a La Paz como el departamento con la cifra más elevada en ambos delitos: 37 feminicidios y 17 infanticidios, seguido de Santa Cruz con 22 feminicidios y 6 infanticidios, y Cochabamba con 12 feminicidios. Este panorama evidencia la problemática persistente de la violencia hacia las mujeres y los menores en el país, desafiando las legislaciones y esfuerzos preventivos actuales.
Al contrastar estos datos con los de 2023, que reportaron 81 feminicidios y 25 infanticidios, se percibe una tendencia a la baja en la comisión de estos delitos. No obstante, la continuidad de estos actos violentos subraya la imperiosa necesidad de intensificar las estrategias de protección y prevención. La comparación año tras año, destaca la urgencia de enfrentar las causas profundamente arraigadas en la cultura y estructura social que perpetúan la violencia hacia las mujeres y niños en Bolivia.
El presente gráfico de distribución territorial de los delitos de Feminicidio e Infanticidio y de tendencia estadística temporal, representa el resultado de los informes remitidos por las autoridades jurisdiccionales; pero además, emerge de las visitas in situ efectuados por los funcionarios de esta repartición; trabajos que no sólo se enfocan al mero conocimiento y comportamiento cuantitativo de los procesos penales en delitos de Feminicidio e Infanticidio; sino que, a partir del nuestras funciones de monitoreo y seguimiento, exista la necesidad de generar gestiones de una celeridad procesal en las instancias jurisdiccionales, previa supervisión y verificación de los plazos procesales en las diferentes etapas del proceso, garantizando de esa manera, la efectiva aplicación de los principios que sustentan al Órgano judicial; pero tambien, para promover los principios y valores constitucionales, como el debido proceso, en sus diferentes vertientes; además, de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.