25 de mayo de 1809, día que marcó la historia en toda América del sur, los insurgentes, Jaime de Zudañez, Bernardo Monteagudo y otros fueron quienes dieron el primer grito libertario que se replicó en todo el continente contra el dominio español, luchando por igualdad de oportunidades y exigiendo justica para los pueblos indígenas quienes eran explotados por los españoles debido a la riqueza minera.
El primer grito libertario fue cultivado bajo los pensamientos de justicia y libertad. El levantamiento popular se produjo contra las autoridades de la Real Audiencia de Charcas, hoy Sucre, a favor del rey Fernando VII de España quien fue revocado tras la invasión de Napoleón Bonaparte.
Durante 16 años de lucha se logró la independencia total del Alto Perú donde nace Bolivia, un país multicultural, caracterizado por tener una población revolucionaria con anhelo de una justicia igualitaria.
En estos 212 años de celebración, la comunidad espera conocer el crecimiento económico, entrega de obras e inversión pública realizadas por las autoridades departamentales y nacionales en favor de su región.
En esta oportunidad, veremos desde otro punto de vista preguntándonos ¿cuánto de aporte le brinda el Órgano Judicial (OJ) al desarrollo del departamento?, al ser sede de este brazo del Estado.
La ex Corte de Chuquisaca ahora Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (TDJ) fue la primera instancia judicial creada a la vida Republicana por el gobierno del Gran Mariscal Antonio José de Sucre, con el único objetivo de hacer cumplir las leyes.
El 16 de julio de 1827 nace a la vida institucional la primera Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremos de Justicia (TSJ) en La Casa de la Libertad en el centro de la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, para posteriormente establecerse en el edificio histórico, que demoró 20 años en construirse, en la zona del Parque Bolívar hasta la actualidad.
El OJ está conformado por tres instituciones desconcentradas y brazos operativos administrativos y académicos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM), la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) y la Escuela de Jueces del Estado (EJE), además de albergar a nueve Tribunales Departamentales de Justicia, teniendo uno también en esta capital en representación del departamento de Chuquisaca, todas estas instituciones administradoras de justicia que cuentan también con un presupuesto, contribuyen al aporte que es inyectado a la economía del departamento.
La DAF del OJ durante los últimos diez años en el departamento, realizó una inversión pública que sobrepasa los 70 millones de bolivianos, reflejados en la construcción de: una casa judicial en el municipio de Incahuasi, la ampliación del edificio del TDJ de Chuquisaca, la construcción de los edificios del TA y la DAF, restauración integral del TSJ, depósitos de DAF Nacional, etc. Llegando a generar más de 800 empleos directos y alrededor de 5 mil empleos indirectos, además de realizar el mantenimiento a las infraestructuras en la región que sobrepasa el millón y medio de bolivianos durante los últimos dos años.
En el TDJ de Chuquisaca en los últimos 10 años podemos decir que se tuvo un crecimiento de juzgados considerable, ya que en la gestión 2010 contaba con 61 juzgados para todo el departamento y en la actualidad cuenta con 75 juzgados en las diferentes materias. Los resultados en la resolución de causas son favorables, este dato se evidencia según el informe de la gestión 2020, demostrando que este distrito judicial de Chuquisaca es uno de los departamentos con menor mora procesal.
De los 29, municipios con los que cuenta el departamento de Chuquisaca contando a Sucre, 22 tienen presencia judicial (Sucre, Camargo, Monteagudo, Padilla, Incahuasi, Muyupampa, San Lucas, Tarabuco, Azurduy, Culpina, Huacartea, Machareti, Poroma, Redencion Pampa, Sopachuy, Tarvita, Toniná, Villa Abecia Villa Serrano Yotala y Zudañez), generando 527 empleos directos con una asignación presupuestaria mayor a los 53 millones de bolivianos para los sueldo y más de 4 millones de bolivianos que son invertidos en empleos indirectos, contratando servicios no personales u otras entidades, la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de la institución.
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