Fortalecer la calidad de la administración de justicia combatiendo los actos de corrupción; descongestionar el sistema penal y fortalecer la independencia judicial y la autonomía fiscal son los tres ejes básicos sobre los que la mañana de hoy, jueves, se suscribió un acuerdo entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público.
En primer término, según señala el convenio, la investigación y juzgamiento de los actos de corrupción en los que incurren los operadores de justicia debe ser drástica y ejemplarizadora, de manera que motive un cambio de actitud en los actores del sistema penal.
En otro acápite, el acuerdo suscrito este jueves se refiere al descongestionamiento del sistema penal, para ello adoptarán medidas conjuntas orientadas a neutralizar las prácticas dilatorias y formalistas de jueces y fiscales. Pero también incluye medidas para que estas rutinas sean eliminadas de la actividad de los abogados patrocinantes y las partes, porque solo tienden a contribuir al congestionamiento de los procesos penales.
En cuanto al fortalecimiento de la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público el acuerdo señala que jueces y fiscales deben administrar justicia sin influencias, incentivos, amenazas, presiones o intromisiones indebidas que vayan contra su imparcialidad en las decisiones que adopten.
Para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y representante del Órgano Judicial, Jorge von Borries Méndez, el propósito del acuerdo es concretar nuestro trabajo en la búsqueda de aplicar justicia, se destierre la corrupción y la utilización de influencias de uno u otro género.
Agregó que ambas instituciones decidieron suscribir el convenio con la finalidad de que la justicia, con sus soluciones logre, esencialmente, la paz social. “Hasta este momento, el Ministerio Público y los jueces han estado en una pugna, resultado de ello pueden haberse producido muchas situaciones que no son convenientes para el funcionamiento de la justicia penal”, reflexionó el titular del Tribunal Supremo a tiempo de añadir que se pretende concretar trabajo unísono entre Fiscales y Jueces.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, resaltó que el documento firmado no era solo un convenio, sino que se traducirá en acciones y hechos concretos para transformar y cambiar la justicia en nuestro país.
Identificó a la excesiva mora procesal y la corrupción como dos problemas que requieren ser combatidos drásticamente, “por ello estamos haciendo intentos de mejorar, crear juzgados, asientos fiscales, por conseguir un mayor presupuesto, por cambiar las leyes y procedimientos” pero también reconoció que esos esfuerzos de manera aislada no tienen un gran reconocimiento y que por ello se debe hacer sinergias institucionales.
Sucre, 03 de abril de 2014
