La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó las anotaciones preventivas realizadas por el Ministerio Público de los bienes de los imputados en los casos FOCAS y ENFE, según informó la magistrada Maritza Suntura Juaniquina, integrante de dicha instancia judicial.
La autoridad detalló que, de acuerdo al párrafo tercero del art. 252 del Código de Procedimiento Penal, correspondía ratificar, modificar o revocar la medida asumida por la Fiscalía del Estado, por lo que la Sala Penal actuando dentro del ejercicio del control jurisdiccional procedió a ratificar la indicada medida cautelar.
“En ese sentido haciendo un análisis tanto en el caso FOCAS como en el caso ENFE, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha procedido a ratificar las anotaciones preventivas realizadas por el Ministerio Público”, indicó la magistrada Suntura al tiempo que detalló que hubo dos excepciones relacionadas con los imputados Jaime Villalobos Sanjinés y Fernando Candia Castillo, casos en los que se pidió a la Fiscalía General que pueda efectivizar las anotaciones preventivas para que se pueda realizar la respectiva revisión.
En el denominado caso FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias) aparecen como imputados el ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina Auza, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Carlos Escobar. Este caso tiene su origen en 1986 en un contrato de préstamo suscrito entre Bolivia y Estados Unidos, convenio que no contó con autorización del Congreso y los fondos fueron manejados por una entidad privada.
En tanto que el caso ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado) los imputados son Gonzalo Sánchez de Lozada Carlos Sánchez Berzaín, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés y Rolando Suárez Montoya; este asunto está referido al proceso de privatización de ENFE que, presuntamente, se habría ejecutado de manera irregular.
En ambos casos la acusación se refiere a la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica
Sucre, 08 de junio de 2016
