- La magistrada del TSJ, Maritza Suntura, advirtió que el documento es de aplicación obligatoria en todos los juzgados y tribunales de justicia del país.
- Los jueces y vocales que juzguen con prejuicios, estereotipos y discriminación, pueden ser denunciados incluso penalmente.
- La presidenta de Diputados instó a sacar de la médula de la sociedad la cultura patriarcal en pos de cuidar la vida de millones de seres humanos.
- El Presidente del TSJ Pastor Mamani respaldó el fortalecimiento de la lucha contra la discriminación y los estereotipos en los juzgados
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La Paz, 7 mar. 2017 (TSJ).- El Comité de Género del Órgano Judicial lanzaron en La Paz el Protocolo para juzgar con perspectiva de género para fortalecer la aplicación del marco normativo destinado a garantizar a mujeres y población LGBTI una vida libre de violencia a través de disposiciones que buscan eliminar el sesgo de género en la argumentación y las decisiones jurisdiccionales que resuelven casos de violación de derechos humanos.
El evento realizado en homenaje al Día Internacional de la Mujer, fue organizado por el Comité de Género del Órgano Judicial presidido por la magistrada Cinthia Armijo, las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, apoyado por el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, la cooperación Suiza.
Aplicación imperativa
“Este protocolo es de aplicación obligatoria para jueces, vocales y magistrados a nivel nacional porque ha sido aprobado mediante el Acuerdo de Sala Plena No. 126/16 del TSJ y es de conocimiento de los más de 1.000 jueces de Bolivia para que sea implementado de manera imperativa para que en las sentencias no exista ningún tipo de discriminación hacia la mujer que pueda mellar su dignidad ni sus derechos humanos”, aseguró la magistrada Suntura durante su intervención.
Advirtió que “en caso de que algún administrador de justicia no se aplique este protocolo y se viole algún tipo de derechos con relación a las mujeres y personas de orientaciones sexuales distintas, incluso, pueden ser objeto de denuncias penales”.
Explicó que el documento está dirigido a juezas y jueces de modo que éstos fundamenten sus decisiones jurisdiccionales sin ningún sesgo o estereotipos de género, es decir, “que se evite cualquier tipo de prejuicios o ideas pre concebidas sobre el rol y comportamiento de hombres y mujeres fundadas en el sexo, género u orientación sexual ignorando sus habilidades o circunstancias que pueden traducirse en la restricción o negación de sus derechos y un obstáculo en el acceso a la justicia”.
Dijo que el protocolo tiene tres partes: una referida a la perspectiva de género y su compresión en el marco de los derechos humanos; otra destinada a cómo juzgar con perspectiva de género y la argumentación jurídica y la tercera relativa a las herramientas para emitir sentencias en casos de violencia en razón de género.
Después de una historia larga de discriminación, en la última década se ha visibilizado el trabajo en favor de la promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres mediante su participación social y política en diferentes espacios. “La CPE ha dado el sostén jurídico para la creación de una normativa que busca una sociedad de iguales entre hombres y mujeres sin exclusión ni discriminación”, afirmó.
Recordó que el Art. 14-II de la CPE prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política, discapacidad, embarazo u otros que tengan por objetivo anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
La magistrada dijo que el protocolo está íntimamente relacionado con la Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia y que establece principios destinados a eliminar el sesgo de género en la fundamentación y argumentación de las decisiones jurisdiccionales que resuelven casos de violación a derechos de las mujeres. “El Art. 45.2 de la Ley 348 señala que el Estado garantiza la adopción de decisiones judiciales ecuánimes e independientes sin sesgos de género o criterios subjetivos que afecten o entorpezcan la valoración de la prueba yn la consiguiente sanción al agresor”, recordó.
*Seguridad y vida*
Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados aseguró que millones de mujeres y de personas con distintas orientaciones sexuales y de género que se aproximan al Ministerio Público y a los juzgados sienten la re victimización y la imposibilidad de acceder a la justicia. “Y cuanto esto ocurre estamos arriesgando la vida de una mujer y evitando que el país tenga una mejor democracia”, acotó.
“Este protocolo convierte a la sociedad en una sociedad más justa que acepta la heterogeneidad y las diferencias de manera que es posible una Bolivia en la que hombre y mujeres podamos convivir y resolver los problemas de manera pacífica. Seguramente para quienes el patriarcado está tan metido en su médula éste no sea un problema central para la justicia. Para millones de mujeres esto sí es un tema importante”, aseguró Montaño.
“Vamos a seguir hablando de despatriarcalización en todas partes: casas, barrios, comunidades, talleres; en los órganos del Estado, en cada una de las oficinas en gobiernos departamentales y municipales. Y este no es solo un tema de mujeres sino de la sociedad”.
Convocó a los presidentes del TSJ, TCP, CM y del TA que se involucren (en la aplicación del protocolo) como una tarea central de hacer justicia. Debemos estar juntos, hombres y mujeres, sobre todo en este mundo de un Órgano Judicial que estuvo acostumbrado a que jamás aparezca una falta y unos tacones administrando justicia”.
UNIDAD DE COMUNICACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
