El proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal contiene ejes innovadores orientados a la implementar medidas procesales que eviten la retardación de justicia, la vulneración de derechos y garantías de las personas, manifestó hoy la viceministra de Derechos Fundamentales, Erika Chávez.
“Como Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por encargo del ministro Héctor Arce, estamos prestos a absorber cualquier duda o consideración en torno al proyecto de ley que permita consolidar esta futura medida legal”, afirmó la viceministra Chávez en la socialización de este proyecto.
El acto realizado en el salón Rojo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, contó con la participación, además de la viceministra Chávez, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Esteban Miranda; el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox; el director nacional de Lucha Contra la Corrupción, César Romano; el presidente en ejercicio del Tribunal Departamental de Justicia, Nelson Pereira; el director departamental de la Procuraduría general del Estado, asambleístas e invitados especiales. Chávez desarrolló una amplia explicación sobre las modificaciones que se plantean en este proyecto de ley basados en cinco ejes como: la simplificación de las notificaciones; las limitaciones a la detención preventiva, el afianzamiento de la oralidad del proceso penal, el juste competencial y la actividad procesal y uso de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).
Se refirió a la simplificación de las notificaciones, es decir, que las que no sean de carácter personal se realizarán a través del sistema informático, a cargo de la Oficina Gestora de Procesos.
Un segundo eje sobre las limitaciones a la detención preventiva, en la que se añade causales de improcedencia a la detención preventiva a personas mayores de 65 años, pena igual o menor a cuatro años, embarazadas, personas que tengan custodia única de menor.
Además, esta norma establece algunas excepciones a la improcedencia de la detención preventiva: cuando se trate de delitos contra la libertad sexual, delitos de contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física, y delitos patrimoniales con afectación al Estado, en los delitos de corrupción.
Explicó un tercer eje relacionado con el afianzamiento de la oralidad del proceso penal, “uno de los más importantes que refuerza el principio de celeridad, iniciado el juicio éste deberá instalarse y desarrollarse hasta su conclusión, por el principio de continuidad, sin interrupción, inclusive sábados y domingos, hasta emitir sentencia, sin que exista la posibilidad de conocer otro juicio”
La viceministra dijo que el cuarto eje es el ajuste competencial. “Los Tribunales Departamentales de Justicia en el plazo de 30 días de publicada la ley, convocarán a la primera visita a los establecimientos penitenciarios”.
Un quinto eje expuesto como fundamental por Chávez es la actividad procesal y uso de TIC creando la Oficina Gestora de Procesos para el apoyo a la actividad jurisdiccional, que funcionará con el soporte del sistema informático.
