Sucre, 15 de agosto de 2023 (AJN).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue el escenario principal de la Primera Sesión de la Comisión Nacional Interinstitucional destinada a implementar políticas de prevención e impulsar el seguimiento a casos de delitos, comisión generada por la suscripción del Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional suscrito en fecha 5 de diciembre de 2022 por el TSJ, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI), Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Municipales y la Federación de Asociación de Municipalidades de Bolivia (FAM), esta reunión determinó la Directiva Nacional de la Comisión, aprobó el Reglamento de trabajo y determinó la fecha de instalación de las mesas departamentales.
De esta forma, la Comisión Nacional eligió por unanimidad la Directiva cuya Presidencia recae en el Presidente del TSJ, Dr. Ricardo Torres Echalar, la Vicepresidencia en el Fiscal General del Estado, Dr. Fausto Juan Lanchipa Ponce, la Secretaría Técnica en el Defensor del Pueblo, Dr. Pedro Francisco Callisaya Aro y las Vocalías en la representación de las municipalidades.
El Presidente del TSJ, Dr. Ricardo Torres Echalar, afirmó que la instalación de esta primera sesión permitirá trabajar de manera conjunta para prevenir de manera frontal la revictimización y en muchos casos la demora de una respuesta judicial en casos específicos sobre violencia, “por primera vez se realiza una Mesa de trabajo de esta categoría con la participación de los Municipios y esto nos genera la confianza de trabajar en un mismo sentido por el bien de los niños, niñas, adolescentes, infantes y los casos de Feminicidio e Infanticidio, que se tramitan ante estrados judiciales, a objeto de dar estricto cumplimiento al ordenamiento legal vigente a nivel nacional, además de gestionar acciones reales con los municipios”, afirmó.
El Reglamento aprobado, establece objetivos y obligaciones de quienes suscribieron el convenio, la integración y funciones de la Comisión Nacional y de las Comisiones Departamentales de coordinación u cooperación institucional, además, señala la presentación de informes periódicos sobre los procesos judiciales identificando resultados objetivos y la realización de sesiones ordinarias cada tres meses bajo una convocatoria previa.
Del mismo modo, el Fiscal General del Estado, Dr. Fausto Juan Lanchipa Ponce, señaló que al establecerse esta primera sesión se demuestra no sólo el compromiso de las instituciones del sistema de judicial sino también de los municipios que buscan alternativas para prevenir hechos que vulneren la integridad y seguridad de las poblaciones más vulnerables. “Yo me adhiero a las palabras señor Presidente del TSJ, esta directiva tiene que cumplir con la población, brindando resultados. Son los municipios los que tienen recursos para actuar directamente en la tarea de prevención, nosotros como Ministerio Público hacemos seguimiento al caso punible y en una mayoría son hechos que se pueden prevenir, ahora es posible trabajar de manera conjunta para afrontar estos delitos “. concluyó.
La Comisión Nacional además, aprobó la realización de la primera sesión de las Mesas Departamentales para el día lunes 4 de septiembre de manera simultanea en todo el país, así mismo, la Directiva de las Comisiones Departamentales estarán conformadas por una Presidencia que será cubierta por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia, una Vicepresidencia, una Secretaría Técnica y una vocalía, que serán elegidos la primera reunión ordinaria.
El objetivo principal del Convenio suscrito en la gestión 2022 propone a las instituciones que suscriben el mismo, generar mecanismos institucionales efectivos, que estén destinados a implementar políticas públicas de prevención, así como generar mecanismos, eficientes, eficaces y oportunos, que garanticen la tramitación de los casos de Violencia Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes que tengan sentencia y delitos de Feminicidio e Infanticidio, que se tramitan ante estrados judiciales, a objeto de dar estricto cumplimiento al ordenamiento legal vigente a nivel nacional, además de gestionar acciones reales con los municipios para generar mayor acceso a justicia.